Bruselas prueba los cambios de Google para evitar la multa


Dos años después de que Bruselas le abriera un proceso por posible abuso de posición dominante, Google ha desvelado sus cartas. La Comisión Europea acaba de anunciar las medidas que le ha propuesto la empresa comandada por Eric Schmidt para evitar una multa que podría llegar hasta los 3.800 millones de euros, el 10% de su facturación del año pasado.
Se abre ahora un proceso que durará en torno a un mes en el que el departamento de Competencia, que encabeza Joaquín Almunia, escuchará a las partes afectadas para decidir si se da por satisfecho o no.
Entre las medidas que plantea Google destaca un cambio en la presentación de sus búsquedas. La propuesta es dejar de privilegiar sus servicios sobre los de los rivales.
Otra de sus ofertas es etiquetar los vínculos hacia sus servicios especializados (Google Shopping, Hotel Finder, News, Finance o Flights) para que los internautas puedan distinguirlos del resto. La propuesta a los editores de periódicos consiste en que los propios medios puedan controlar sus contenidos disponibles en Google News.

I-comp, la asociación que reúne a varias empresas demandantes entre las que destaca Microsoft, reclama a Google la posibilidad de comprobar a priori cómo quedarían en la práctica las búsquedas si Bruselas se da por satisfecha. “Si la propuesta no muestra claramente principios no discriminatorios y los medios para restaurar la competencia, es muy difícil que sea satisfactoria”, asegura en un comunicado.
El test de mercado -una encuesta que inician las autoridades de competencia para que tanto los demandantes como otras terceras partes puedan opinar sobre la oferta de la compañía- concluirá con un dictamen de Bruselas. Si es positivo, los cambios que ahora plantea Google serán vinculantes jurídicamente y el gigante informático se librará de las sanciones. Si no es así, los servicios de Almunia continuarán con el expediente.
Las acusaciones contra Google son varias. Entre ellas, que redirige el tráfico hacia sus propios servicios sin informar a sus clientes, que toma contenidos de diversas plataformas -desde periódicos a críticas de restaurantes de páginas especializadas- sin pagar por ello, o que impone restricciones en los contratos para monopolizar los anuncios en Internet.
Fairsearch.org, otra organización que engloba a reclamantes, ha emitido un comunicado en el que pide que el plazo del test se amplíe a  tres meses y que las modificaciones respondan a tres preguntas clave: ¿Habrá una tercera parte independiente para comprobar que Google cumple los compromisos? ¿los propietarios de los contenidos insertados en Google tendrán la facultad de editarlos? ¿Se dará el mismo tratamiento a los contenidos propios que al resto?

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