El Tribunal Supremo de Islandia ha condenado a Valitor (anteriormente Visa Iceland) a pagar a WikiLeaks 157.150 euros al mes o 1,9 millones de euros al año en caso de que continúe su bloqueo contra la organización, argumentando que puso fin de forma ilegal a su contrato con el procesador de donaciones de Wikileaks, DataCell.
"La decisión de hoy marca la victoria más importante hasta la fecha sobre el bloqueo económico ilegal y arbitrario establecido por las compañías estadounidenses contra Wikileaks", ha dicho la organización a través de un comunicado.
"Es una batalla importante para la libertad de expresión y el futuro de la prensa libre; es una batalla donde se pelean derechos civiles fundamentales básicos; y es una lucha por el derecho de las personas para votar con su bolsillo y donar a las causas en las que creen", ha remachado.
"Será interesante ver si Visa se gasta 157.150 euros al mes en multas en lugar de levantar el bloqueo. En cualquier caso, salimos ganando", ha puntualizado Wikileaks a través de Twitter.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha dado las gracias al pueblo islandés "por demostrar que no serán amedrentados por compañías financieras que cuentan con el respaldo de Washington como Visa".
Assange vive desde junio de 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres. Entró en la legación para evitar su extradición a Suecia —donde está siendo investigado por presuntos delitos sexuales— por entender que no existen garantías suficientes de que no vaya a ser trasladado a un tercer país, en concreto a Estados Unidos.
La organización ha manifestado que el bloqueo por parte de Valitor fue impuesto después de que publicara en diciembre de 2010 varios cables que mostraban la corrupción existente en el país. Estas filtraciones desvelaron algunas claves del colapso del sistema bancario que sufrió el país en 2008.
En estos momentos se está dirimiendo una batalla legal similar contra la empresa subcontrata de Visa en Dinamarca, el equivalente en el país de Valitor.
En noviembre de 2012, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que incluía una cláusula redactada específicamente en relación con el bloqueo económico contra Wikileaks. La misma solicitaba a la Comisión Europea que aprobara regulaciones que evitaran que los facilitadores de pagos denegaran sus servicios de forma arbitraria a compañías u organizaciones.
Wikileaks ha presentado una demanda formal ante la Comisión Europea argumentando que Visa y MasterCard abusaron ilegalmente de su predominio del mercado para bloquear las donaciones a la organización, si bien hasta el momento no está claro si el organismo abrirá una investigación al respecto.
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